El Congreso de la República, con aspirantes a Senado y Cámara no deja de recibir postulados con serias dificultades judiciales encima, y pese a eso, esa no es su preocupación.
En Colombia es sabido por ley, que una persona investigada no es una persona condenada, y mientras no esté condenada en segunda instancia, no será sentencia en firme ni detenida, salvo excepciones “muy honrosas”. Eso le permite a congresistas investigados por corrupción, aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, todo aspirante que no esté condenado, aunque tenga causa judicial abierta y en contra, sencillamente puede aspirar. La buena fe se presume, y nadie será sentenciado a condena, mientras un juez no lo diga.
Cuatro congresistas condenados por corrupción en la UNGRD aspiran la reelección al Senado el próximo domingo, y dos más aspiran volver a la Cámara de Representantes.
El más grave hecho de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro se dio en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Muchos funcionarios que participaron de este entramado criminal están en la cárcel, pero otros aspiran a la reelección.
El hecho criminal consistió en comprar senadores y representantes a la Cámara con dineros públicos cuya destinación a la atención de desastres, se desvió a los congresistas para que aprobaran reformas y proyectos de ley del gobierno Petro.
Por esas actividades criminales, están capturados los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la UNGRD, Olmedo López; el subdirector, Sneyder Pinilla. Entre los legisladores, solo han sido capturados los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, artífice del plan delictivo según la Fiscalía, Carlos Ramón González, se ha volado del país y burlando la justicia, está prófugo en Nicaragua donde recibe atención especial del gobierno del presidente Ortega.
Los congresistas que aspiran a ganarse una curul sin que se haya resuelto su situación judicial son de distintas ideologías, pero que ya ocupan la atención de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
Apenas la semana anterior, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra los implicados, aunque eso no quiere decir que ya fueron afectados con medidas de retiro de la investidura de congresistas. Apenas se inicia su estudio, y aunque esa medida de estudiar cada caso en particular, eso no los ha detenido en sus deseos de reelegirse, en una misión donde se juegan gran cantidad de dinero expuesto para la elección, y se juegan el prestigio de una condena más que judicial, sería social.
Buscan la reelección al Senado Julio Elías Chagüi, del Partido de la U; Martha Peralta, del MAIS y Berenice Bedoya, de ASI. De la Cámara quiere salir para el Senado Wadith Manzur, del Partido Conservador. A la Cámara de Representantes aspiran otra vez Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de paz.
Tres investigados más, desistieron de volver a presentarse en las urnas. El senador liberal Juan Pablo Gallo, quien obtuvo cerca de 10.000 votos en el Quindío por orden de Roberto Jairo Jaramillo cuando era gobernador, no se presentará nuevamente por temor a la pérdida de curul, lo que demuestra que sabe que no puede descuidar su defensa.
Tampoco se presentará la conservadora Liliana Vitar y el representante liberal Julián Peinado, quien aseguró que no volverá al Congreso para concentrarse en su defensa jurídica en el caso de la UNGRD.
Según el portal “La silla vacía”, la demanda de la pérdida de investidura en el Consejo de Estado considera que estos congresistas “habrían incurrido en tráfico de influencias y violación de régimen de incompatibilidades”, al presuntamente “gestionar coimas, contratos y cargos para destrabar iniciativas clave del gobierno Petro”. Los congresistas han negado las acusaciones y han dicho que son inocentes.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, publicado por el diario EL PAÍS de España, revela que 76 personas con procesos jurídicos aspiran a salir elegidos el próximo 8 de marzo.
Para ser elegido al Congreso de Colombia no es necesario haber solucionado los problemas con la justicia. Al contrario: decenas de candidatos para las elecciones del próximo 8 de marzo tienen investigaciones activas por delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con grupos armados, tráfico de influencias o asesinato. La fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó el informe Candidatos y candidatas cuestionados al Congreso de la República en 2026, que concluye que, de los 1.078 candidatos al Senado, 76 tienen investigaciones y líos legales.
La oenegé incluye a quienes tienen procesos penales, disciplinarios o fiscales; a los que pertenecen a clanes políticos tradicionales o con estructuras burocráticas familiares; y a quienes están enredados en escándalos como Odebrecht o la parapolítica.
