Juliana Guerrero fue una joven mujer, quien saltó a la fama pública en el país, al presentarse en un Consejo de Gobierno del presidente Petro en ejercicio, con hoja de vida registrada en la presidencia de la República y anunciándose como futura viceministra de la juventud. Fáil de palabra, irreverente toda, y manipuladora de contenidos, Petro la admiró por su forma tranquila para hablar y su desfachatez para decir las cosas en medio de tantas personalidades.
Cuando se vio apurada a demostrar sus títulos, con documentos probatorios universitarios, acreditó como documentos falsos, expedidos por el secretario de la universidad San José, los títulos invalidados de las carreras de Contaduría Pública (nivel profesional) y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, emitidos bajo la autorización del Ministerio de Educación a la Fundación Universitaria San José.
Con permisos de administrador en la plataforma académica, materias no cursadas y sin la prueba Saber Pro, el exsecretario de la institución alteró el sistema para expedirle dos títulos falsos.
La entrega de los títulos universitarios que permitieron a Juliana Guerrero acreditar estudios profesionales y tecnológicos para aspirar a un alto cargo en el Gobierno nacional no fue producto de un error administrativo.
La Fiscalía logró establecer que detrás de la expedición de esos documentos estuvo la intervención directa del entonces secretario general de la Fundación universitaria San José, quien utilizó sus privilegios dentro del sistema académico para autorizar grados que no cumplían los requisitos exigidos por la ley.
De todos los funcionarios que hicieron parte del Gobierno de Gustavo Petro, una de las figuras más cuestionadas ha sido Juliana Guerrero. Su caso generó un amplio debate sobre los límites que pueden alcanzar algunos funcionarios dentro del Estado para acceder a cargos de alta responsabilidad.
Guerrero aspiró a llegar al Viceministerio de las Juventudes; sin embargo, su nombramiento se frustró después de que se conociera que no contaba con los documentos académicos legalmente requeridos para ocupar ese cargo.
Tras eso, se ha abierto un proceso legal para saber cómo logró alterar sus diplomas. El caso dio un nuevo giro luego de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, entonces secretario del centro educativo superior, aceptara su participación en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía.
Como resultado, fue condenado por su papel en la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria otorgados a Guerrero.
El secretario general de esa universidad confesó cómo hicieron posible la falsificación de documento público, y cómo alteraron los mecanismos para engañar al país.
De acuerdo con la investigación, a mediados de julio de 2025, Gutiérrez Martínez ingresó al sistema académico MiMatrix con un perfil que le otorgaba facultades de administrador. Desde esa posición tenía la capacidad de validar procesos académicos, aprobar grados y anular certificaciones cuando los estudiantes no cumplían las exigencias institucionales.
El Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del exfuncionario. Aunque la pena corresponde a tres años de prisión, Gutiérrez no irá inmediatamente a una cárcel.
El juez le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que su condena quedará suspendida bajo las condiciones fijadas por la justicia.
Según el ente acusador, Gutiérrez utilizó esas atribuciones para avalar la expedición de los títulos de Guerrero pese a que la beneficiaria no había cursado las materias correspondientes, no presentó exámenes académicos y tampoco cumplió con la prueba Saber Pro, requisito indispensable para acceder al grado profesional.
Durante la audiencia en la que fue presentado el preacuerdo, la fiscal del caso explicó que el exfuncionario certificó falsamente que Guerrero había cumplido con todas las condiciones reglamentarias para obtener los títulos.
La decisión se adoptó aun cuando, según el expediente, existían validaciones externas que no autorizaban la expedición de dichos diplomas.
La investigación señala que, aprovechando los permisos especiales de su usuario dentro de la plataforma, el entonces secretario general autorizó la emisión de las actas de grado y los diplomas que acreditaban a Guerrero como tecnóloga y profesional. Estos documentos fueron expedidos bajo la autorización académica otorgada a la institución por el Ministerio de Educación, lo que les daba apariencia de legalidad.
Para los investigadores, el funcionario era plenamente consciente de las implicaciones de sus actos. La Fiscalía sostuvo que, debido a su formación como ingeniero de sistemas y a su experiencia en el manejo de los procesos académicos de la universidad, comprendía que estaba validando documentos que no correspondían a la realidad.
“El señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento”, señaló la Fiscalía durante la diligencia judicial, al advertir que el exdirectivo conocía el alcance jurídico de los documentos que autorizó y las consecuencias que producirían.
Como resultado del acuerdo judicial, Gutiérrez Martínez aceptó responsabilidad por el delito de falsedad ideológica en documento público en calidad de cómplice.
Todo este escándalo terminó impactando directamente la trayectoria de Juliana Guerrero dentro del Gobierno.
En noviembre del año pasado, el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidió anular de manera unánime los títulos que habían sido expedidos a su nombre.
Así termina una de las novelas políticas más manchas del pasado gobierno del expresidente Petro, incapaz de manejar su gabinete, hasta el punto de tener funcionarios con documentos falsos.
WEB: lanotadejota.com
