Hay varias formas de castigar socialmente la conducta de los funcionarios públicos en Colombia; puede ser a través del código penal que lo separan de la sociedad, o del Código disciplinario único, con una sanción, para que aprendan a reprimir sus anómalos comportamientos, lejos de la gente buena, y lejos de una sociedad que teme que repita sus torcidos procederes. Las violaciones a las buenas conductas sociales no solamente se dan dentro del código penal, también hay violaciones morales y éticas.
La semana pasada fue citado al Congreso de la República el ministro de vivienda del nuevo gobierno abelardista para que respondiera por su gravísima falta de respeto a su trabajo, a las normas sociales de la solidaridad, y a la sensación de desapego por los demás en una calamidad pública.
Este ministro, Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien siendo alcalde de Bucaramanga y quien decía ser el “bukele colombiano”, fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia, demostró una inmadurez total al irse a pasear a Santa Marta la semana que Colombia vivió una de las tragedias más grandes de la historia republicana, con miles de casas y edificios por el piso precisamente del ministerio en el que fue nombrado. Citado por el Congreso, aceptó haberse ido a “descansar” un fin de semana a las playas de Santa Marta importándole nada la tragedia nacional. Ese ministro “buena vida”, se salvó de la censura de la oposición porque algunos congresistas salieron a atacar a la oposición, pero en ningún momento porque le hayan defendido sus ridículas actuaciones en contra de la sociedad colombiana. Este tipo de personas, acostumbradas a que les rindan pleitesía como casi todos los funcionarios públicos en Colombia, en este caso se equivocó, y no merece ese cargo. No soy petrista, voté por Abelardo, pero no comparto esa falta de respeto y de trabajo para con los colombianos. A veces los dirigentes se vuelven muy tolerantes, teniendo ministros o secretarios con conductas penales o éticas que si no son descubiertas por los demás, todavía estarían en esos cargos, ejemplo Juliana Guerrero la que compró los títulos en una universidad en el gobierno de Petro, o un secretario de despacho en la gobernación del Quindío. Les faltan calzones a estos mandatarios.
Al no ser censurado el ministro de vivienda por el Congreso, lo que debió ocurrir, nos queda aplicarle la sanción moral de no permitirle a estos “tipejos” que un nombramiento los haga superiores a los demás.
Esto es lo que hay que salir a decir todos los días, mostrar públicamente la conducta pueril o agresiva, equivocada o lamentada de nuestros dirigentes, llámense como se llamen para que respeten a una sociedad que no quiere acostumbrarse a los desmanes personales de estos maleducados en contra de una sociedad pública que les reclama trabajo y merece mejores comportamientos.
Punto y aparte: En Armenia los ciudadanos creen que corresponde a la EPA la recolección de los escombros de los inmuebles afectados por el terremoto. Están muy equivocados. EPA se obliga a prestar los servicios de aseo, alcantarillado y agua y lo hace muy bien. Recoger los escombros corresponde a los habitantes que descaradamente tiran los escombros hacia la calle. El señor alcalde de Armenia debe mandar a los policías a poner comparendos a esos maleducados porque esa mala conducta es violatoria del Código nacional de Convivencia. Y santo remedio. Y que la EPA siga haciendo su buen oficio.
