“El carisma no es ser el más ruidoso de la sala; es ser el que menos necesita la aprobación de los demás”. (Así pensaban los sabios).
1.- SE CAEN LAS UTLs, PROPONEN EN EL CONGRESO.
Con el ánimo de ayudar al gobierno nacional a disminuir los gastos que se originan en las entidades oficiales sobre todo después de haber pasado por esos despachos la mano de Gustavo Petro, expresidente derrochador y desinteresado en el manejo de la cosa pública, Julia Correa, senadora del Centro Democrático radicó propuesta en el Congreso para reducir la cantidad de funcionarios ubicados en las llamadas UTL de congresistas (Unidades técnicas legislativas que sirven de apoyo al trabajo de los congresistas), medida con la cual el Estado se ahorraría más de 150.000 millones de pesos.
El proyecto de ley busca reducir de 10 a cinco el número máximo de integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de cada congresista.
El pasado 10 de septiembre, el Centro Democrático radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica para reducir el tamaño de las Unidades de Trabajo Legislativo, más conocidas como UTL, que son básicamente los equipos con los que trabajan los senadores.
El proyecto propone que se cambie la manera en que se conforman los equipos. Actualmente, cada representante o senador puede tener hasta 10 empleados o contratistas y dispone de un presupuesto de unos 50 salarios mínimos para su salario, unos cien millones mensuales, aproximadamente.
La iniciativa ahora plantea que los equipos se reduzcan a la mitad, es decir de 10 personas pasar a cinco integrantes y también pasar de 50 salarios a 25 salarios para pagar la UTL, y que al menos el 40 % del valor mensual de la UTL (10 millones de pesos) correspondan a cargos de asesor.
Pide el proyecto de ley que al menos uno de los integrantes tenga título profesional y tres años de experiencia. La UTL, además, no podrá conformarse únicamente por asistentes.
El Centro Democrático señala que actualmente las UTL tienen un costo aproximado de $ 300.000 millones por año para los 286 congresistas y, con el recorte, quedaría en $ 150.227 millones anuales.
El proyecto también busca que el Senado y la Cámara publiquen mensualmente y en formato abierto la información de cada UTL, como el nombre de los integrantes, tipo de vinculación, cargo, salario, formación académica y lugar donde trabajan.
Uno de los aciertos del proyecto es la prohibición del nepotismo, prohibiendo contratar familiares dentro de los grados establecidos en el proyecto, así como cónyuges o compañeros permanentes.
Los autores del proyecto, Julia Correa Nuttin y Juan Fernando Caicedo, aseguran que con el proyecto, el Congreso debe demostrar una señal de austeridad en medio de la presión sobre las finanzas públicas que vive el país.
2.- SIGUEN PROBLEMAS PARA ÓSCAR IVÁN ZULUAGA.
La Fiscalía General de la Nación, ordenó el embargo de tres propiedades a Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la presidencia, período 2014- 2018, del Centro Democrático, por haber ocultado la recepción de dineros entregados por la multinacional brasileña Odebrecht, recursos que sirvieron para el pago de publicidad en la campaña electoral presidencial de Zuluaga. La multinacional es extranjera, razón que configura el delito pues a los candidatos presidenciales les está prohibido recibir dineros de empresas que no son nacionales.
“La actuación con fines de extinción del derecho de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, que recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’”, explicó la Fiscalía.
Las propiedades se encuentran ubicadas en Bogotá y Pensilvania (Caldas), disponiendo la Fiscalía medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles, avaluados en más de 3.664 millones de pesos, y están vinculados a la investigación por la presunta financiación de la multinacional brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2014.
Según la investigación del ente acusador, Odebrecht habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña.
Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
La Fiscalía estableció que los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. En esa época, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.
“Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio”, señaló la Fiscalía.
3.- TARIFA DIFERENTE.
Atendiendo las voces de los habitantes del corregimiento de Barcelona, las Empresas Públicas de Calarcá para estudiar la posibilidad de que la tarifa de alcantarillado tenga un menor valor presente, y luego de unos estudios técnicos, esta empresa decidió reducir la tarifa del servicio de alcantarillado para dicha población, aplicando la normatividad superior del gobierno nacional, que permite que corregimientos con características como este, pudiesen rebajar hasta en un 50% las tarifas de alcantarillado y un 3% las tarifas por el valor de un metro cúbico, donde se benefician cerca de 2.700 familias o dicho de otra manera cerca de 9.000 pobladores.
De paso el gerente Hernán Darío Gutiérrez Londoño informó que las otras obras realizadas en Barcelona como colectores y reposición de redes de alcantarillado avanza satisfactoriamente según expresiones de la comunidad, generando beneficios reales para sus familias, que es lo que finalmente deben producir las empresas de servicios.
4.- EL TERREMOTO Y LOS ESCOMBROS.
Pasado el terremoto del 10 de agosto, los municipios del Quindío se llenaron de escombros en cada esquina, pues los propietarios y residentes de cada cuadra iniciaron los trabajos de reparación y reconstrucción, y empezaron a dejar los escombros en los andenes, presentando un lamentable cuadro de suciedad, de falta de limpieza y descuido, lo que realmente afeó a casi todos los municipios.
En Armenia por ejemplo, es triste ver como la ciudad no le importa a los habitantes y dejan los escombros tirados en cualquier lugar, y luego se quejan porque las “Empresas públicas de Armenia no recoge esos escombros”.
Esa no es una obligación de la EPA, y no tiene por qué hacerlo, además porque lo que le corresponde a la EPA lo ha hecho muy bien, y en ese sentido, las protestas no caben.
Igual sucede en Calarcá, donde las Empresas Públicas del municipio que mantiene pendiente de todos los sectores han atendido todos los llamados a la recolección de las basuras, dejando ver que algunos propietarios de lotes y casas ponen los escombros en lugares donde no deben estar, pensando o creyendo o esperando que los funcionarios les recojan los escombros que los particulares deben depositar en mejores lugares.
Por eso EPA en Armenia y EMCA en Calarcá recomiendan a los propietarios de los escombros que los ubiquen en mejores sitios antes que un comparendo policivo les cueste mucho más que el traslado de los escombros.
En Colombia, arrojar escombros en el espacio público o en sitios no autorizados está prohibido por el Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016, artículo 111) y acarrea multas económicas severas y medidas correctivas.
El Artículo 111 prohíbe comportamientos que afectan el aseo y el espacio público: Arrojar residuos sólidos y escombros en vías públicas, lotes, parques o fuentes de agua; contratar o permitir el transporte de escombros en medios no aptos o inadecuados; dificultar las labores de recolección de escombros y limpieza.
Infringir esta norma genera medidas correctivas tipo multas monetarias y acciones pedagógicas, así:
Multa General Tipo 4: Equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) para quienes arrojen escombros en el espacio público o bienes de carácter público o privado.
Multas menores o adicionales: Transportar escombros en vehículos no aptos puede acarrear multas de 8 a 16 salarios mínimos legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo utilizado.
Acciones adicionales: Los infractores también deben cumplir con la recolección obligatoria, la reparación del daño ambiental y la participación en programas comunitarios o pedagógicos.
Web: lanotadejota.com
