El abogado Pablo Bustos, pidió al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda de “pérdida de investidura contra Martha Peralta (Pacto Histórico), Berenice Bedoya (ASI), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador) y Juan Pablo Gallo (senador Liberal quien fue apoyado en el Quindío por Roberto Jairo y Pablo Jaramillo, llevándose casi diez mil votos que al Quindío no le sirvieron para nada); también estudiará la pérdida de investidura para los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz), congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). A estos congresistas también los investiga la Corte Suprema de Justicia.
Dice el demandante que “los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias y violación de régimen de incompatibilidades, al presuntamente gestionar coimas, contratos y cargos para destrabar iniciativas clave del gobierno Petro, como las operaciones de crédito público. En esas mismas conductas pudieron incurrir quienes eran ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Esa demanda fue inadmitida el 26 de enero, pero fue corregida y por eso el Consejo de Estado la recibió para una segunda revisión.
Estos congresistas pertenecen a la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, y se les acusa de aprobarle créditos al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a cambio de contratos para los congresistas. La Comisión aprobó préstamos por 3.500 millones de dólares, y Bonilla inició el proceso sin la participación del director de Crédito Público, José Roberto Acosta, quien para esas fechas, se retiró de las sesiones.
